El Supremo confirma la ilegalidad de la modificación del plan de recogida de residuos de Castilla y León

Nuevo varapalo judicial a la Junta de Castilla y León. La Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de casación del Ejecutivo contra la sentencia que anulaba la adaptación del Plan Integral de Residuos (PIRCyL) por "omitir la información pública" y la "evaluación ambiental".

"Se saltaron a las bravas la Constitución", según han subrayado desde Ecologistas en Acción tras hacer pública la sentencia que ha inadmitido el recurso de la Junta de Castilla y León.

De esta manera, el Supremo ha confirmado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) y declara "ilegal en firme" el modelo estratégico de gestión y los programas de actuación del "obsoleto" plan regional, según han destacado desde Ecologistas en Acción.

Dicho plan estaba vigente desde 2016, cuando fue aprobado por Decreto 11/2014, de 20 de marzo, y su ejecución, según han lamentado, ha resultado un "fracaso" por el aumento de la generación de residuos de todo tipo como consecuencia de las bajas tasas de recuperación y reciclado en Castilla y León.

La sentencia señala que la adaptación del Plan Integral de Residuos de Castilla y León, a diferencia del Plan original que revisa, obvia la obligada información pública, sin que fuera informada al Consejo Regional de Medio Ambiente, el Consejo Económico y Social, el Consejo Consultivo ni la Federación Regional de Municipios y Provincias.

Asimismo, resalta que también ha omitido la evaluación ambiental de los planes y programas en materia de residuos. Para Ecologistas, la sentencia concluye "contundentemente" que se está ante una revisión que su tramitación "exige que se respete el derecho constitucional a la participación recogida en los artículos 9.2 y 23.1 de la Constitución Española".

En su sentencia, el Tribunal Supremo también ha impuesto a la Junta las cosas del recurso de casación que ha inadmitido. Según apuntan desde la organización ecologista, queda acreditado que el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el Gobierno regional se "saltaron a las bravas la Constitución y las normas básicas para elaborar las disposiciones ambientales".

Critican en este sentido la forma "arbitraria y autoritaria de ejercer el poder" por parte de la Junta y lamentan que sea el "despropósito desde hace décadas" en la política regional de residuos, pasando de "leyes inconstitucionales para imponer vertederos a la apuesta por la incineración de los desechos en instalaciones industriales como fábricas de cemento".

La formación ha recordado a Quiñones y a la Junta que deben "respetar los procedimientos legales y los procesos de participación pública", que, además, "tan a menudo dejan de lado en sus decisiones ambientales".

De esta manera, han reclamado la elaboración "participada" de un nuevo Plan Integral de Residuos de Castilla y León con el que se permita "cumplir los objetivos legales de reducción, reutilización y reciclado, y se adapte a la vigente Ley de Residuos y Suelos Contaminados por una Economía Circular".

Para Ecologistas en Acción la "única manera" de cumplir los objetivos en cuanto a los residuos domésticos es "implantar ya la recogida separada de los restos de alimentos". Por otro lado, han apuntado a la necesidad de "reducir de forma drástica los nefastos envases de usar y tirar, contra los intereses del lobby Ecoembes y su contenedor amarillo".

La Junta asume la sentencia

Pocas horas después de hacerse pública la sentencia del Supremo, el portavoz y consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha confirmado que el Ejecutivo asumirá la sentencia, mientras respeta la misma.

No obstante, ha querido resaltar que "no entra en el fondo del asunto" y es más bien "en la forma", mientras ha avanzado que iniciarán los trabajamos para acatar el escrito judicial.