El Estado abre la vía para llevar a Madrid al Constitucional si no pacta cambios en la norma de Ayuso que flexibiliza la ley del suelo

El Gobierno de España ha abierto la vía para llevar al de la Comunidad de Madrid ante el Tribunal Constitucional por la reforma que aprobó el pasado verano el PP de Isabel Díaz Ayuso para flexibilizar la ley de suelo. Aquella votación permitió rebajar la obligatoriedad de sustituir árboles talados; flexibilizar la construcción de campos de golf, gasolineras y crematorios; y facilitar la posibilidad de construir vivienda protegida en suelo destinado a equipamientos sociales de redes supramunicipales. Ahora, según se publica este lunes en el Boletín oficial regional, las dos partes han acordado abrir una negociación de unos seis meses con final tasado: o se reforman tres artículos de la tercera ley ómnibus de Ayuso, que sirvió para cambiar decenas de aspectos de distintas normas en una sola votación, o el conflicto tendrá que dirimirlo el Constitucional.

Así resume la situación una fuente conocedora del choque: “Son temas de evaluación ambiental, e inicialmente se confía en el acuerdo”.

El artículo segundo de la norma afecta a la ley del suelo regional, modifica los planeamientos urbanos y flexibiliza la construcción de viviendas públicas protegidas “en suelos vacantes de la red de servicios o equipamientos” al eximir de los requisitos vigentes a los que están situados en redes supramunicipales. En ellas están los terrenos que se están empleando para el Plan Vive, las promociones de viviendas de alquiler que impulsa el Gobierno de Ayuso.

El artículo quinto cambia la ley de Medidas Fiscales y Administrativas, y habilita al Consejero del área a determinar mediante una orden del departamento qué proyectos no van a provocar efectos adversos en espacios protegidos, y que, por tanto, no van a necesitar informe ambiental.

Finalmente, el artículo séptimo altera la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, pues permite acordar la tramitación simultánea del procedimiento de evaluación ambiental estratégica de un plan o programa y el procedimiento de evaluación de impacto ambiental de los proyectos que lo desarrollen. Así, cuando la Consejería quiera se podrán hacer simultáneamente la evaluación ambiental estratégica de un plan o programa y la de cada uno de los proyectos que la componen, en lugar de una antes de las otras. Su plazo de vigencia, además, aumenta de dos a cinco años.

Los precedentes no aseguran el éxito de la negociación. En junio de 2024, los dos gobiernos lograron un acuerdo en la comisión bilateral para evitar que el Constitucional dirimiera su choque por la ley de presupuestos de Madrid. También hubo acuerdo para limar las discrepancias entre ambas partes sobre la ley de cooperativas. En otras ocasiones, sin embargo, no ha sido así.

Por ejemplo, la negociación no fructificó en el caso de las reformas de la ley de protección, igualdad efectiva y no discriminación de las personas transexuales e intersexuales, conocida como ley trans, y de la ley de protección, igualdad efectiva y no discriminación de las personas LGTBI. En consecuencia, el Estado las recurrió ante el Constitucional. Como resultado, y antes de que los jueces se pronunciaran, el PP de Ayuso modificó ambas normas a toda velocidad en la Asamblea.

El alto tribunal se ha convertido en escenario principal del choque entre las dos administraciones. Sobre la anterior ley ómibus aprobada por el gobierno de Ayuso, que modificó a favor del ejecutivo contrapesos institucionales como la Cámara de Cuentas o el Consejo de Transparencia, se tiene que pronunciar aún el Tribunal Constitucional, tras un recurso del PSOE.

Del mismo modo, Ayuso anunció un recurso contra la ley de vivienda estatal antes incluso de que la norma fuera aprobada. La mayor parte de esa regulación ha sido avalada posteriormente por el tribunal, que también tendrá que pronunciarse sobre los conflictos abiertos alrededor de la ley de amnistía estatal, del reparto de menores extranjeros no acompañados, o del proyecto de declarar la sede de la Presidencia de Madrid lugar de memoria democrática, en recuerdo de las torturas que allí se llevaron a cabo durante la dictadura franquista.

Ahí se dirimirá también los choques de la oposición regional con el gobierno. Al recurso ya admitido a trámite del Defensor del Pueblo contra un aspecto concreto de la ley trans, se unen los del PSOE contra la ley ómnibus (que ha permitido a Ayuso controlar Telemadrid, la Cámara de Cuentas y el Consejo de Transparencia), la reforma de la norma que regula la televisión y radio autonómicas, y la aprobación de la ley del suelo, que se produjo, a su juicio, cuando no había los diputados suficientes.

Por su parte, Más Madrid patrocina otros tres recursos de amparo contra la inadmisión de preguntas y la falta de quorum en la votación de la ley del suelo, además de otro por entender que no se han respetado los derechos de sus diputados al impedirles preguntar por el jefe de gabinete de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez, o por el grupo sanitario Quirón; o al reformar con una enmienda una ley para dar a la presidencia regional capacidad de veto ante cualquier modificación de la Real Casa de Correos. El PSOE registró un recurso similar y Podemos tiene registrado otro de amparo por la del suelo.